Cuenca

SOLIDARIDAD STOP MONTAJES POLICIALES 4 CAMINOS CUENCA

 

El 29 de Marzo de 2012 se convocó una Huelga General en todo el Estado español, produciéndose varias detenciones. Por este motivo un mes después, se convocaron manifestaciones en distintas ciudades por la libertad y absolución de l@s huelguist@s detenid@s, y en el caso de Barcelona también encarcelad@s, actualmente ya absuelt@s.

En la ciudad de Cuenca la marcha se desarrolla sin ningún tipo de problema hasta llegar al cruce de calles de Cuatro Caminos, donde el conductor de un autobús urbano, aun viendo la calle llena de gente, decide continuar su marcha arremetiendo contra las personas que se encuentran delante, generando una situación de gran tensión y desconcierto y produciéndose algunos daños en el autobús así como lesiones a las personas que fueron atropelladas.

Sin dar crédito a lo que está sucediendo interviene la policía, que comienza a cargar contra los manifestantes atropellados indiscriminadamente produciéndose una desbandada general. Un policía de paisano agarra a un manifestante y lo inmoviliza en el suelo mientras varios policías empiezan a golpearlos hasta que se dan cuenta de que están golpeando por error a uno de sus propios compañeros. Otra manifestante exige a los agentes sus placas de identificación, que no llevan a la vista; por este motivo la policía, a su vez, la identifica a ella.

La Fiscalía pide en total a estas dos personas acusadas  una pena de 7 años y medio de prisión por atentado a la autoridad y daños al autobús más una  suma de dinero que asciende a los 15.000 euros. No lo podemos permitir.

SOLIDARIDAD CON L@S REPRESALIAD@S EN 4 CAMINOS CUENCA

SI NOS TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S

Cuenta Solidaria: CCM  ES45 2105 1630 66 1212027305

 

Más Información:

Enlace al Programa Radio “nosotras las personas” (Baladre) desde la Radio social y  comunitaria: Radio Pimienta donde una de las personas afectadas narra lo acontecido:  http://audio.urcm.net/Nosotras-las-Personas-2014-03-18

Blog de la campaña:  http://stop4caminoscuenca.wordpress.com/

 

Mail de contacto: stop4caminoscuenca@gmail.com

Informe IV de No Pagamos: Ayuntamiento de Cuenca de 2009 a 2013: 46 millones de deuda en 5 años


 



El colectivo No Pagamos publica su cuarto informe de la auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca que está realizando con el fin de señalar qué parte de la misma es ilegítima y debe repudiarse.

En este informe se auditan todos los préstamos que el Ayuntamiento ha recibido para pagar la deuda comercial que mantenía con sus proveedores. En 2009 formalizó préstamos por 13.143.087, 42 € con la condición de aprobar un Plan de Saneamiento que el Ayuntamiento no cumplió. En 2012 los préstamos ascendieron a 24.028.138, 73 € para lo que ha debido elaborar un duro Plan de Ajuste para diez años. El pasado 27 de septiembre de 2013 se acogió a un nuevo préstamo de 8, 9 millones, teniendo que revisar el Plan de Ajuste de 2012. Estos préstamos con sus condiciones han sido siempre aprobados con los votos de los concejales del PP y del PSOE.

El monto total de esos préstamos suma 46 millones. La media de los ingresos corrientes anuales, de 2009 a 2012, es de unos 44 millones de euros.

La razón más importante, y que todo el mundo parece reconocer, de cómo se ha generado esta enorme deuda, es la drástica caída de los ingresos procedentes de operaciones inmobiliarias a partir de 2007. Cuando comienza la crisis y el negocio de la construcción se viene abajo, también descienden los ingresos del Ayuntamiento por este concepto. 

Pero lo que se suele intentar tapar a toda costa es que los altos ingresos provenientes de los convenios urbanísticos y de la venta de suelo municipal durante los años del “boom”, a pesar de ser ingresos extraordinarios, se destinaron al gasto corriente, a financiar la actividad ordinaria del Ayuntamiento, creando así un modelo insostenible. 

El informe hace un análisis detallado de esta circunstancia desde el punto de vista jurídico:

Por un lado, repasa la Ley de Suelo 1/1992 que establece que el dinero obtenido por los ayuntamientos por medio del aprovechamiento urbanístico y la venta de suelo no debe usarse para cubrir los gastos normales, sino revertir al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y servir para impedir la especulación con la vivienda tal como establece el artículo 47 de la Constitución Española.

Por otro, atiende a las consideraciones del Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca de los ejercicios de 2004 y 2005 realizado por el Tribunal de Cuentas que hace hincapié en la misma cuestión y que menciona la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.

Por último, compara los resultados de los recursos que IU de Guadalajara y Cuenca presentaron contra los presupuestos de 2002 de los respectivos ayuntamientos por no destinar el 10 % de aprovechamiento urbanístico a la conservación y ampliación del PMS. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó al Ayuntamiento de Guadalajara a que consignara ese 10% para el PMS, no hizo lo mismo con el de Cuenca. Al conocer en el año 2005 el resultado del recurso de Guadalajara, PSOE y PP cambiaron por vía rápida la ley regional que regula el ordenamiento urbanístico. El TSJ de CLM se apoyará en esta modificación legislativa para  contradecir sus propias sentencias anteriores, así como toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y desestimará el recurso de Cuenca.

El informe aborda también el punto de vista económico-político del asunto.

Lejos de entender que el desfase entre ingresos y gastos y el desvío de los ingresos urbanísticos a gastos corrientes son causados por la negligencia de los políticos de turno, el informe señala como causa económico-política la decisión consciente de actuar de modo contrario a como indica la Constitución, esto es, a promover la especulación y así favorecer los intereses particulares de los que poseen el poder económico para especular a costa de los que no lo tienen.

En pocas palabras, cuando los ingresos derivados de la construcción no se utilizan para frenar el encarecimiento de las viviendas es porque no se quiere. Lo que se busca es la elevación de esos precios para el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría. Y se deja a la burbuja hincharse hasta que explota. Cuando la burbuja ha explotado, lo que ha dejado es un panorama de familias hipotecadas que encima tienen que pagar también las deudas del Ayuntamiento. 

Ha dejado familias hipotecadas y muchas amenazadas de desahucio, mientras se rescatan los bancos que la explosión de la burbuja se ha llevado por delante. Se rescatan los bancos y se desahucia a las personas, pero no sólo porque el estado preste a los primeros dinero a fondo perdido, sino gracias a las propias deudas de las administraciones.

Las familias hipotecadas pagan sus deudas, las del Ayuntamiento y, por intermediación de éste, las de los bancos. El caso del Ayuntamiento de Cuenca es ejemplar. Por los 24 millones de euros que recibe en 2012 tiene que pagar cerca de un 6 % de interés, cuando lo bancos recibieron ese dinero del Banco Central Europeo al 1%. El tipo de interés de los casi 9 millones de euros del pasado septiembre de 2013 es del 3, 34 %, pero es que los bancos están pagando por el dinero que les presta el BCE un 0, 25 %.

Hasta el año 2013, se han pagado de intereses por estos préstamos más de 3 millones de euros y todavía estará el Ayuntamiento 10 años más pagando intereses por todo el capital que queda por amortizar (39,5 millones), lo que nos llevará a un gasto financiero considerable. Este enorme gasto en intereses es consecuencia de la mala gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento y de los tipos de interés especulativos que la banca privada está cobrando para financiar a las administraciones, con la complicidad del Gobierno.

Hay que decir, por último, que este informe está incompleto. Deja sin responder la pregunta de por qué, cuando los ingresos urbanísticos se vienen abajo, el Ayuntamiento no adecúa sus gastos e ingresos corrientes a la nueva situación. ¿En qué se gastaba el dinero que no se pagaba a los proveedores? ¿Cómo está distribuida la deuda comercial? ¿Qué compromisos habían contraído los responsables políticos que les impedían modificar su política presupuestaria? ¿Qué ilusiones se hacían? Para poder responder a estas y otras preguntas tendría que realizarse una investigación más profunda. Hasta que no se lleve a cabo, no vamos a proponer como deuda ilegítima ni la totalidad ni parte de los 46 millones, aunque el modelo insostenible de gestión municipal que condujo a esa deuda podría considerarse ya una razón suficiente para ello.

Sí consideramos, sin embargo, que, por lo dicho hasta aquí, la parte correspondiente al pago de intereses de toda esta deuda se debería declarar como deuda ilegítima. 

Descargar: Informe IV: sobre préstamos para pago a proveedores

Visualizar: Informe IV: sobre préstamos para pago a proveedores

fuente:

Tercer informe de No Pagamos-Cuenca: “Cuenca Revitaliza”, vendiendo humo al borde del abismo

 

FUENTE: CUENCA ALTERNATIVA

edificiomercadoContinuando con su campaña de auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca, el colectivo No Pagamos ha hecho público su tercer informe en el que analiza el crédito de 9,5 millones de euros que el grupo del gobierno municipal del PP aprobó a comienzos de 2009.

El Pleno de enero de 2009 aprobó elpresupuesto para ese año que contenía la autorización para que el Ayuntamiento realizara las gestiones pertinentes para conseguir un crédito de 10 millones de euros. El crédito se justificó como el medio para financiar diversas inversiones.

1, 5 millones iban a ser destinados a sufragar aportaciones anuales del Ayuntamiento, entre las que destacaba la que debía realizar al Consorcio Ciudad de Cuenca (1,2 m.). No era por tanto una inversión, sino que estaban recurriendo a un préstamo para sufragar un gasto habitual que, como es lógico, debe ser costeado por los ingresos habituales del Consistorio. Además de que posiblemente esta práctica sea ilegal, es nefasta para la financiación de cualquier ayuntamiento, ya que costear los gastos ordinarios con créditos sólo puede conducirle a un crecimiento continuado de la deuda.

Cerca de 1, 9 millones se destinaban a encomiendas del S.I.M. Las encomiendas a la empresa municipal para el mantenimiento y conservación de viales, parques y jardines, son igualmente gasto habitual del Consistorio que, como en el caso anterior, deben financiarse por medio del ingreso corriente para evitar caer en un endeudamiento sin fin. De este modo, unos 3, 4 millones del préstamo se querían dedicar a cubrir gastos ordinarios, lo que por si sólo ya evidenciaba que algo grave estaba ocurriendo en las arcas del Ayuntamiento cuando éste tenía que presentar un importante monto de gasto ordinario como si fuera una inversión.

5,1 millones del préstamo se asignaban, esta vez sí, a inversiones del Plan “Cuenca Revitaliza”. “Cuenca Revitaliza” es un buen ejemplo de lo ruinosas y engañosas que pueden ser las políticas municipales que confunden el Ayuntamiento con una empresa.

Primero, porque el Proyecto “Cuenca Revitaliza” hizo uso de una publicidad completamente engañosa en la que se jugaba con las ilusiones de los conquenses manipulando descaradamente los datos y las expectativas reales del plan.

Segundo, porque en proyectos como el de los cinco “parkings” se pretendía que la iniciativa privada financiara la inversión dejándoles a cambio la gestión por 40 años para extraer más dinero de la misma ciudadanía.

Tercero, porque un Ayuntamiento no tiene las ventajas que tiene una sociedad anónima o limitada. Si el “negocio” sale mal, como en este caso, el fracaso lo tiene que pagar la ciudadanía. A los ciudadanos sí se les obliga a responsabilizarse de las deudas de sus ayuntamientos sin límite (a no ser que consigamos un repudio democrático de la deuda).

Las irregularidades rodean el Plan “Cuenca Revitaliza” y sus secuelas. Una de las más escandalosas es que entre las inversiones previstas en el préstamo se incluía la construcción de un nuevo edificio del mercado, para el que se preveían 2, 5 millones de gasto. El préstamo se recibió pero el edificio no se construyó. ¿A dónde fueron a parar esos millones? Nunca se ha dicho y el actual Gobierno municipal, del PSOE, se niega a informar de las actuaciones que se llevaron a cabo con el dinero del préstamo.

Por último, a la vista de las cuentas del Ayuntamiento de Cuenca al acabar el año 2008, con un déficit de casi 13 millones de euros, parece difícil entender, primero, qué tenía en mente el Consistorio incrementando su deuda en 10 millones más; y, segundo, qué tenían en mente los bancos que accedieron a concertar las operaciones de crédito.

Lo que unos y otros (y los otros: PSOE, empresas de la construcción…) parecían tener en mente era la rápida aprobación del Plan de Ordenación Municipal (POM). Todos esperaban que las recalificaciones de terrenos recogidas en el POM reactivaran el negocio inmobiliario y los ingresos del Ayuntamiento por este aspecto. Pero el informe sobre el POM que en 2009 realiza la Comisión Regional de Urbanismo, aunque en teoría parece indicar únicamente un conjunto de correcciones, supone de hecho la paralización del Plan. Juan Ávila, el alcalde actual, todavía prometía en 2011 aprobarlo en 2 años. Ya nadie habla de ello.

El abismo empieza a abrirse ese mismo mes de junio de 2009. Siete días después de adjudicar la contratación de los créditos (al final consigue 9,5 de los 10 millones previstos), el Ayuntamiento se acoge al Plan de Saneamiento Financiero de Zapatero, formalizando un nuevo préstamo de 13 millones para pagar sus deudas con proveedores y autónomos.

Desde el colectivo No Pagamos resaltamos que las irregularidades que están mostrando nuestros informes son demasiado preocupantes como para que no empecemos ya a pedir responsabilidades y a tomar en serio la opción del impago democrático. La ciudadanía está entendiendo que se le quiere hacer pagar los “chanchullos” de banqueros, constructores y políticos. Las elevadas sumas de dinero con las que se ha estado jugando, el modo en que se sucedieron una tras otra las actuaciones municipales irresponsables –todas ellas, sean de un partido u otro, siguen un mismo modelo desastroso de Ayuntamiento-empresa–, o la insolencia antidemocrática con la que el gobierno municipal del PSOE en la actualidad oculta a la ciudadanía una información que no es suya sino de todas, no dejan mucho margen de duda sobre la necesidad de que la ciudadanía se haga cargo de su propia responsabilidad y detenga este atropello.

El colectivo considera que, a falta de más información, los 9, 5 millones de este crédito se han de contar como deuda ilegítima porque no respondieron en ningún momento ni al interés común ni siquiera al sentido común, sino a una ceguera codiciosa que por no ver no veía ni las propias cuentas del Ayuntamiento. Sumados a los 13 millones que arrojaban los informes anteriores, estamos hablando ya de 22, 5 millones de deuda ilegítima.

DescargarInforme préstamo de 9,5 m. presupuesto de 2009.

Visualizar: Informe préstamo de 9,5 m. presupuesto de 2009.

Más información en el blog del Colectivo No Pagamos.

COLECTIVO NO PAGAMOS: ¿CON QUÉ SE PAGÓ EL BOSQUE DE ACERO?

El Colectivo No Pagamos pregunta cómo se pagó el Bosque de Acero

 

 



8 de julio de 2013. Nota de prensa. El Colectivo No Pagamos de Cuenca ha comenzado a realizar la auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de nuestra ciudad. La auditoría consiste en examinar y evaluar el modo en el que se ha originado dicha deuda. Y el objetivo es estudiar qué parte de la misma es ilegítima y, por tanto, no debe pagarse. El pueblo no tiene que saldar las deudas que provienen del uso del poder público para beneficio privado (corrupción política o empresarial) ni las provocadas por políticas de ingreso o gasto público injustas o insostenibles; tampoco cuando su pago conlleve el recorte en derechos sociales o la privatización de servicios o bienes comunes. 


El Colectivo considera inadmisible que entre 2011 y 2013 el dinero que el Ayuntamiento tiene que pagar en intereses y amortizaciones de la deuda haya aumentado en 7 millones de euros, mientras que, por ejemplo, las inversiones reales se pretenden reducir en el ejercicio de 2013 en más de 7 millones de euros con respecto al año 2011.

 El Colectivo No pagamos publica el primero de una serie de informes en los que irá mostrando los puntos negros de la deuda del Ayuntamiento. El primer informe trata acerca del Bosque de Acero. 

Para acceder al informe del Bosque de Acero pinchar aquí.

 El Colectivo “No Pagamos” de Cuenca exige al Ayuntamiento que explique cómo se pagó el Bosque de Acero. Actualmente no hay modo de saber de dónde ha salido el dinero (7,7 millones de euros) con el que se financió el pabellón multiusos diseñado por el Estudio Moneo-Brock e inaugurado, y ensalzado, en mayo de 2010 por Fco Javier Pulido (PP). 

 Según la información que maneja el Colectivo, la financiación del Bosque de Acero debería de haber procedido de la recalificación para usos residenciales, con permiso para bloques de viviendas de 8 y 9 alturas, de los terrenos de las Huertas de la Alameda o Huertas del club Serranía. En enero de 2006, el alcalde, José Manuel Martínez Cenzano (PSOE), firmó una propuesta de convenio con el Grupo DAVECON S.L. En esa propuesta, el Ayuntamiento se comprometía a entregar el derecho a construir viviendas (los aprovechamientos urbanísticos) a la empresa constructora y ésta, a cambio, aportaría, primero, 3.304.000 euros, sin contrapartida alguna. Y después, añadiría otros 4.509.000 euros, según se fuera construyendo el nuevo recinto ferial, que el Ayuntamiento devolvería en metálico o en aprovechamiento urbanístico. 

 El convenio entre el Ayuntamiento y DAVECON S.L. formaba parte del nuevo Plan de Ordenación Municipal que todavía, siete años después, y con el Bosque de Acero construido, está sin aprobar. “Si el convenio por el que se pensaba financiar el nuevo recinto ferial que incluiría el Bosque de Acero como gasto estrella está sin aprobar”, explica Aurelio Sainz, portavoz del Colectivo, “¿de dónde salió el dinero con el que se construyó el pabellón y que tendría que haber pagado DAVECON S.L. a cambio de la recalificación? 

 Ya en su momento, el convenio entre el Ayuntamiento y DAVECON S.L. fue objeto de importantes alegaciones y denuncias por contener aspectos de muy dudosa legalidad. Existió también una oposición ciudadana importante, ignorada por los gobernantes de las dos corporaciones afectadas, PSOE y PP. 

 DAVECON S.L compró terrenos en los que no se podía ni se puede construir vivienda, pero que si el convenio hubiera salido adelante, habrían sido recalificados para hacer posible esa construcción. 

 Estos terrenos que compró DAVECON S.L. los debería haber adquirido el Ayuntamiento, dándoles a sus propietarios el derecho a construir viviendas en suelo urbanizable, tal y como establece el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Sabía DAVECON S.L. que esos terrenos iban a ser recalificados? DAVECON S.L compró igualmente el terreno del antiguo Club de Serranía. 

 A juicio del Colectivo No Pagamos este primer informe muestra al menos dos cosas. La primera, la “aparente” despreocupación con la que los responsables municipales se embarcaron en una aventura de gasto absolutamente desproporcionado. La segunda, la más que dudosa “colaboración” entre esos mismos responsables y las constructoras de la ciudad (DAVECON S.L. es una empresa formada en el año 2000 por la agrupación de Dalpa S.A., Verdú S. L., Conca S.L. y Edenca S.L.). 
A día de hoy, el Bosque de Acero está en desuso y se ha realizado un concurso de ideas para evitar “que los únicos inquilinos que disfrutan de él todo el año sean los pájaros y palomas de la zona”. Pero quizás vaya siendo hora de pensar colectivamente no en qué vamos a hacer con el Bosque de Acero, sino cómo vamos a recuperar un dinero público que ha ido a parar a los bolsillos de los aprovechados de turno y qué va a pasar con los responsables de una inversión pública plagada de interrogantes morales, políticos y económicos y con la deuda que ilegítimamente han contraído.

Para acceder al informe del Bosque de Acero pinchar aquí.
 
Por Cuenca Alternativa.

 

HAGAMOS FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca quiere manifestar que el pasado jueves, 31 de Enero, varias personas, en concreto siete, han sido identificadas por la policía nacional frente a la sede del PP de Cuenca por ejercer su derecho a la libertad de expresión ante los nuevos y gravísimos casos de corrupción dentro del seno del Partido Popular que están evidenciando estos días los medios de comunicación. Este caso de corrupción salpica a los dirigentes de este partido a nivel nacional, incluyendo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la secretaria general del PP y presidenta de CLM, María Dolores de Cospedal, entre otras personas de gran relevancia en el panorama político nacional. Incluso varios miembros del partido, como Pío García Escudero, presidente del senado, han reconocido públicamente como verídicas sus datos personales reflejados en el libro de contabilidad de Bárcenas, ex-tesorero del PP e imputado en casos de corrupción, por lo que todo apunta a que estas cuentas, que suponen, por su relevancia, un escándalo sin precedentes en el estado, son ciertas. Debe pensar esto también la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto una investigación.

Por la gravedad de estos hechos, el jueves y con carácter espontáneo, tras hacerse público en distintos medios de comunicación los nombres de los dirigentes del PP que están involucrados en el “caso Bárcenas”, las cantidades que supuestamente percibían y las empresas que facilitaban este dinero, en multitud de ciudades y municipios la gente se concentró frente a las respectivas sedes del PP para manifestar su indignación. Cuenca no fue menos, y varias personas acudieron a ejercer su libre derecho a la libertad de expresión, en una concentración absolutamente pacífica, que ni si quiera alteró el tráfico de vehículos, pues no se invadió en momento alguno la calzada. Cerca de las 8 de la tarde, cuando estaban hablando tranquilamente 7 adultos y dos menores, frente a la sede del PP, aparecieron 8 policías nacionales para proceder a la identificación, en un despliegue de medios asombroso para tratar con 9 personas que ni alteraban el tráfico, ni estaban chillando consignas… simplemente hablaban como hace cualquier persona por la calle. 

Durante la identificación la policía no paró de repetir que cumplía las órdenes dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, cuyo máximo responsable es Ángel Mariscal, precisamente del PP. Parece, dado el carácter espontáneo y pacífico de la concentración, y la nula perturbación que supuso para peatones y vehículos, que el subdelegado puede estar dedicándose a perseguir y reprimir, mandando a la policía, a las personas que quieren manifestar públicamente su indignación contra la corrupción que asola a su partido. Parece que Ángel Mariscal está intentando acallar las voces que denuncian las nefastas prácticas que se llevan a cabo en el seno de su partido. Por lo tanto, desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca exigimos su inmediato cese, y que públicamente diga si es cierta la versión policial consistente en que la Subdelegación del Gobierno en Cuenca ordenó proceder a la identificación de las personas que estaban, pacíficamente y sin causar perjuicio alguno, concentradas, frente a la sede de su partido, denunciando la corrupción mientras se nos dice que no hay dinero para sanidad, servicios sociales y educación.

Además de eso la Plataforma quiere evidenciar las malas prácticas policiales que están reprimiendo, de una forma que recuerda a la dictadura de casi 40 años que padecimos, a la gente que alza la voz para protestar en todo el estado. No es excusa alguna que se está cumpliendo una orden. Una persona que se supone capacitada sabe diferenciar lo que está bien o mal. Parece que la policía está mucho más preocupada por perseguir a las personas que denuncian la corrupción, los desahucios, el negocio que están haciendo con los servicios públicos, etc. que de perseguir a los corruptos, a los evasores fiscales y, en definitiva, a los ladrones de guante blanco. Por eso, ya no sorprende que el pasado jueves se desplazaran hasta 8 policías para tratar con 7 personas adultas que en ningún caso mostraron agresividad alguna, o por ejemplo, hace pocos días se desplazaran más de 10 “lecheras antidisturbios” para tratar con 20 personas encerradas en la EMV de Madrid por el desahucio de 4 familias, mientras que no vemos a la policía en las inmediaciones de los poderosos ladrones de guante blanco sino es para protegerlos y escoltarlos.

 

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca denuncia la privatización del agua

Manifiesto por una gestión directa del agua en Cuenca 

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca considera el agua potable de la ciudad un servicio público de primera necesidad y como tal se opone con contundencia a los planes de privatización de su gestión por parte del Ayuntamiento de Cuenca. 

La Plataforma advierte que la estrategia planificada por la asesora Pricewaterhousecooper (la misma que está detrás de la privatización del SESCAM) de crear una empresa publica acogida a gestión privada supone un burdo engaño a  la ciudadanía. Nos oponemos a que una empresa pública acogida a gestión privada se haga cargo de la gestión integral del agua para que sea ésta la que se endeude mediante créditos bancarios con el aval de las tasas futuras y con este préstamo permita al Ayuntamiento cancelar su endeudamiento mediante un adelanto del canon. La perversidad de contabilizar como endeudamiento público el realizado directamente por la administración y no hacerlo con el llevado a cabo por empresas públicas acogidas a gestión privada, aun cuando los intereses y los deudores sean los mismos, supone un mero fraude contable cuya única finalidad es facilitar la posterior enajenación completa de la gestión del agua a manos de empresas privadas cuyos beneficios se basarán en un incremento abusivo de las tasas por consumo a los vecinos y un abandono de la inversión en infraestructuras y mantenimiento con el consiguiente deterioro de la calidad del agua. 

Por ello la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca exige al Ayuntamiento de Cuenca y a su alcalde, Juan Ávila, que cumpla con sus compromisos electorales y de marcha atrás en sus intenciones de ceder la gestión integral de agua de Cuenca a una empresa pública acogida a gestión privada, así como el fin de la empresa pública SIM (Servicio de Infraestructuras Municipales) y el retorno de los servicios municipales cedidos a ella a la gestión directa municipal con el  control ciudadano e institucional que supone el derecho administrativo. 

 

ATTAC CASTILLA LA MANCHA DENUNCIA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN CUENCA

 

LUNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012


La privatización de la gestión del agua. El caso de Cuenca

 
Joseandrés Guijarro - ATTAC Castilla - la Mancha
 
  En los últimos años la excusa de la crisis, provocada por el propio sistema financiero y su lógica neoliberal, está permitiendo que los propios responsables de dicha crisis estén expoliando a los ciudadanos de unos derechos tan básicos como son los servicios públicos. Y, con ser los más graves, no son solo sanidad, educación y servicios sociales los únicos bienes públicos, de todos, de la ciudadanía, los que están sufriendo una voladura controlada por parte del capital. Otro de los más relevantes, aunque tenga menor repercusión mediática, es la privatización del agua. Un bien público y colectivo de primera necesidad que está sufriendo el mismo saqueo que el resto. 
 



  El afán de hacerse con el control de un recurso tan escaso y necesario no es nuevo. A comienzos de siglo (y de milenio), grandes multinacionales se ufanaban de ello: “en esta década vamos a hacer con el agua lo que hicimos con las telecomunicaciones en la década de los noventa: conseguir la desregulación total”. En América Latina las medidas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consiguieron la privatización de casi todos sus recursos públicos y el colapso de sus economías para mayor beneficio de las empresas multinacionales que manejaban los hilos de los gobiernos nacionales, ya pusieron sus ojos en la gestión del agua. Los procesos de privatización del agua y sus graves consecuencias provocaron numerosos levantamientos populares, de los que el más conocido es el llamado como la Guera del agua de Cochabamba en Bolivia.

 
  El saqueo de los recursos nacionales que sufrió Latinoamérica en los noventa ha llegado en los últimos años a Europa. Especialmente a los países periféricos del sur, y, como no podía ser de otra manera, el control del agua está entre los objetivos de la insaciable avaricia de las multinacionales y el poder financiero. En nuestro país ha tenido cierta contestación social y trascendencia en los medios el intento de privatización del canal de Isabel II en Madrid, pero la estrategia se extiende de forma menos ruidosa por todo el país. Los beneficiarios son los de siempre, entidades financieras y grandes constructoras, esos parásitos de las arcas públicas que arruinaron el país con obras tan faraónicas como inútiles durante el boom de la construcción. Los responsable también los de siempre, tanto el PP como el PSOE (o CiU en cataluña), cuyas posiciones a favor o en contra de las privatizaciones dependen sólo de que estén en el gobierno o en la oposición.

  Hace unos días la Generalitat de Cataluña ha adjudicado la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat a la constructora Acciona, que consigue así introducirse en el rentable y seguro negocio del agua hasta ahora monopolizado por FCC y Agbar. En áreas metropolitanas más pequeñas el negocio es menor pero la contestación social también lo es y el saqueo lleva tiempo extendiéndose por toda la geografía nacional (afectando ya a más del 50% del agua) a manos de numerosas empresas controladas en un 90% por FCC o Agbar.
 
  Las nefastas consecuencias para las arcas úblicas a medio y largo plazo, para el bolsillo de los vecinos y para la calidad del servicio y del agua en sí misma no es un augurio aventurado. En Latinoamérica las fuertes prtestas ciudadanas, como la de Cochabamba, consiguieron revertir el proceso privatizador en umerosos países. Uruguay incluso reformó su Carta magna para declarar inconstitucional la privatización del agua (una reforma constitucional tan distinta de la que PSOE y PP pactaron hace un año). Recientemente Italia votó en referendum su oposición a los planes de privatización del agua. En España son numerosos los informes técnicos indeopendientes que advierten de las consecuencias sobre los precios y la calidad del servicio en los lugares que ya han externalizado la gestión del agua. Sin embargo el gran negocio que supone para los gigantes de la construcción en plena crisis del ladrillo hace que el avance de la privatización parezca imparable.
 
 
  En Castilla-la Mancha cuatro de las capitales así como numerosos municipios de la comunidad tienen ya sus aguas públicas en manos de Aquagest, propiedad de Agbar, como el caso de Albacete o Ciudad Real, de Acqualia (FCC) o de Sacyr Vallehermoso, la adjudicataria de la privatización del agua de Toledo o Guadalajara.
 
  La última ciudad que ha decidido sumarse a la marea privatizadora de la gestión del agua es la de Cuenca. Después de oponerse frontalmente al intento privatizador del anterior alcalde del PP, de encabezar una “plataforma ciudadana” contra dicha privatización en 2009 y de comprometerse públicamente en marzo del año pasado a no privatizar el servicio municipal de aguas en caso de obtener la alcaldía, el ahora alcalde, esta vez del PSOE, retoma aquella fórmula para "sanear las arcas municipales". Llama curiosamente la atención el único argumento empleado por el alcalde socialista: "la situación que tenemos es fruto de la deuda dejada por el anterior gobierno del PP y si no hacemos nada tendremos que cerrar el Ayuntamiento". Cambien la palabra Ayuntamiento, por Comunidad o País y cambien de orden las siglas PP y PSOE y busquen las diferencias. Efectivamente el mismo y único argumento usado ya con tal desparpajo que difícilmente oculta la estrategia común que hay detrás de ambos partidos.

  El consistorio socialista insiste en que la cesión a una "empresa pública" no es una privatización porque la titularidad sigue siendo pública, como si las ya más de dos décadas de privatización de los servicios públicos en España, de la mano tanto del PP como del PSOE, permitiesen seguir engañándonos con simples juegos de palabras. Como si las burda falacia del PP de que la "colaboración público-privada", el PFI o el PPP no son privatizaciones de nuestra sanidad pública porque la titularidad detrás de esas concesiones administrativas así como su financiación sigan siendo públicas. Una mentira que el PSOE parece reconocer muy bien cuando piensa que su denuncia desde la oposición le puede suponer un rédito electoral pero que le cuesta sobremanera identificar cuando está en el gobierno.
 
  Una diferencia importante del caso del agua respecto de otros servicios públicos como la educación o la sanidad es la vía de financiación. Por eso es importante insistir y recalcar que los servicios públicos no son gratis, ni los unos ni los otros. Unos se pagan por vía de impuestos, lo cual, si existiese una verdadera progresividad fiscal en nuestro país, un menor tolerancia con el fraude, con los paraísos fiscales, con el trato de favor a los más adinerados (SICAV, impuesto de patrimonio o de transmisiones, etc.), sería una verdadera herramienta de vertebración y solidaridad social donde paga más quien más tiene y gasta más quien más lo necesita. En los otros paga directamente, en parte o en su totalidad, el consumidor final de esos servicios públicos mediante unas tasas, lo cual lo hace por naturaleza insolidario pues paga lo mismo cada ciudadano independientemente de su poder adquisitivo. La diferencia la vemos claramente en las carreteras. El primer modelo corresponde a las autovías. El segundo a las autopistas.
 

  La elección de un modelo u otro tiene una clara connotación política siendo muy distinta la visión desde un planteamiento conservador o de derechas y uno progresista o de izquierda (que no desde el PP y el PSOE que suelen compartir siempre la misma visión). El caso más sangrante suele ser el de la financiación mixta o copago, ese que se va extendiendo cada vez más por servicios básicos como la sanidad, porque supone que entre todos pagamos con nuestros impuestos unos servicios que sólo aquellas personas con un mayor poder adquisitivo pueden permitirse. En nuestra ciudad es muy fácil de ejemplificar ésto con el AVE, cuyo precio de billete cubre sólo un porcentaje mínimo del coste total. El resto lo pagamos todos, también el que tiene que viajar en Auto-Res porque no puede permitirse el billete del AVE.
 
  La financiación cubierta completamente por el consumidor final también resulta especialmente insolidaria en casos de bienes o servicios de primera necesidad como es el caso del agua corriente, precisamente por esa falta de progresividad. Pero en cualquier caso, en el supuesto de aceptar tal modelo insolidario de financiación en servicios básicos y de primera necesidad como el agua, los ingresos de las tasas municipales deberían ir destinadas íntegramente a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras que aseguren al ayuntamiento el proporcionar dicho servicio con la cantidad y la calidad adecuadas a todos los vecinos. Nunca exceder dicho coste para mediante esas tasas poder cubrir los gastos y las deudas creadas en las arcas municipales por otras partidas.
 

  Pero incluso aunque el consistorio optase por esa reprobable opción de sanear las arcas municipales subiendo el impuesto no progresivo de un bien básico y de primera necesidad, le bastaría con subir las tasas municipales y recaudar más por el consumo de agua potable. Entonces ¿donde está el truco?. Si todo el dinero va a salir del bolsillo de los vecinos y todo ese dinero va a acabar en las arcas municipales ¿cual es el beneficio de ceder la gestión a una "empresa pública"?. Las respuestas no son complicadas y es importante entenderlas porque es la estrategia que subyace a toda la política neoliberal que PP y PSOE están llevando a cabo en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestras vidas desde hace décadas con nuestro pleno consentimiento.
 
  Como en otras ciudades, el dinero fácil que entraba en el ayuntamiento gracias al boom del ladrillo se cortó de pronto. Dinero que entraba gracias a la sumisión de los intereses ciudadanos frente a los de especuladores y constructoras tomando decisiones urbanísticas que sólo beneficiaban a éstos (ubicación de la estación del AVE, de la estación del tren convencional, del hospital,...) y que permitía embarcarse en obras absurdas como la remodelación de la Plaza Mayor, el Ars Natura, el Bosque de Acero, etc, etc. El resultado, una deuda inasumible que supone la deuda de 10 millones de euros para el próximo año. Una deuda que amenaza el pago a funcionarios, mantenimiento de infraestructuras básicas, pago a proveedores,...
 
  La genial solución de nuestro alcalde: crear una "empresa pública" que se encargue del cobro de las tasas municipales del agua y que sea ella la que pida un préstamo a los bancos con el aval de esos futuros cobros y adelante 25 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de canon de explotación. ¿Fácil de entender?. No. Desde luego. Si el aval es el mismo en un caso y el otro y los intereses de financiación son los mismos en un caso y en otro ¿cual es la ventaja de que ahora la endeudada con los bancos sea una "empresa pública" y no el Ayuntamiento?. Desde luego la ocurrencia no es del alcalde, es una perversa estrategia ideada por el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial en los años ochenta, plasmada en el Tratado de Maastritch por Felipe González, impuesta a traición en nuestra "inviolable" Constitución por Zapatero y ratificada entre el gobierno de Rajoy y las corporaciones municipales en el plan de pago a proveedores. El burdo truco, como explica literalmente el Tratado de Maastritch de 1992, es el siguiente: "No se considerará endeudamiento público el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraidos por el sistema público con empresas privadas". A partir de ahí basta con marcar a fuego en los tratados anteriores un techo de déficit y de endeudamiento público para que en la práctica suponga para las administraciones públicas la obligación de privatizar todos sus servicios públicos y que las empresas privadas puedan hacer negocio y enriquecerse con ellos.
 
Y en esa estrategia la figura de las "empresas públicas acogidas a gestión privada" juegan un único papel, hacer de escalón intermedio, de colchón que amortigüe el rechazo social que supone la privatización directa de los servicios públicos. Y así se ha utilizado desde entonces en todos los servicios públicos privatizados tanto por uno como por otro gobierno.

  Una presión social que, por su experiencia en Latinoamérica, las grandes corporaciones multinacionales saben que es capaz de frenar enormes negocios a costa del agua y otros bienes y servicios de dominio público, pero que se ve frenada en gran medida cuando en la gestión "pública" se han introducido previamente todos los males de la gestión privada. Éste es el objetivo de la otra gran diferencia entre una gestión completamente pública y la de una "empresa pública acogida a gestión privada", la sustitución del derecho administrativo por el derecho laboral, mucho más laxo en sus requisitos de transparencia y control. Se abre así el camino a las contrataciones a dedo de amigos, parientes y ex-cargos del partido, a las asignaciones arbitrarias de sueldos, las tomas de decisiones opacas sin control institucional, las contratas y subcontratas sin los correspondientes requisitos de la contratación pública, la evasión de recursos a manos privadas, el deterioro y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, el empeoramiento del servicio, y todo de escándalos e irregularidades que, sin ir más lejos, han acompañado a la Empresa Pública de Servicios (EMPUSER) y a su heredero Servicio de Infraestructuras Municipales (SIM), que sería precisamente, tras un nuevo cambio de nombre y lavado de cara, el encargado de la gestión de la nueva empresa mercantil "Aguas de Cuenca". No es por casualidad que los tan numerosos casos de corrupción que salpican por toda la geografía nacional al PP, al PSOE e incluso a la Casa Real, estén relacionados con Fundaciones Públicas y con Empresas Públicas acogidas a gestión privada.Quien verdaderamente está detrás de este tipo de maniobras sabe muy bien lo fácil que resulta una vez conseguido el desprestigio social y el balance económico negativo vender a la opinión pública su privatización completa. Ya sea mediante la licitación directa o con el paso intermedio de la empresa pública, lo que hasta el momento era un quebadero de cabeza para el Consistorio por la dificultad de mantener un servicio óptimo sin una constante subida de tasas pasa a ser de pronto un jugoso y atractivo negocio con beneficios millonarios. ¿Por una supuesta mayor eficiencia en la gestión de la empresa privada? Por supuesto que no. Poca trayectoria tiene este argumento en una ciudad donde hemos visto a qué ha llevado la gestión privada mediante concesión de dos infraestructuras municipales tan importantes como, por poner solo dos ejemplos, los multicines o el cámping de Jábaga. Los beneficios, siempre presentes, para los gestores vienen ineludiblemente de las irregularidades en autocontrataciones a empresas propias, del deterioro continuo de la calidad del servicio por ausencia de las inversiones necesarias y del aumento abusivo de las tasas. Los perjudicados, por supuesto, los ciudadanos que pagarán cada vez más por un servicio cada vez peor. Porque curiosamente en la gestión privada de los servicios públicos no se cumple el axioma básico de los que creen en las bondades del sistema de libre mercado por el que la propia competencia, a modo de selección natural de tipo darwinista, se encarga de quebrar las empresas con peor gestión y hacer prosperar las más eficientes. Aquí no hay competencia posible. Los vecinos no pueden elegir el agua que sale por el grifo de su hogar. Pero tampoco existe el riesgo de que una mala gestión lleve al cierre de la actividad. Dada la condición de servicio básico de primera necesidad al Ayuntamiento no le queda otra opción en caso de mala gestión que negociar la baja del canon o percibido o la subida de tasas, cuando una indemnización por lucro cesante. ¿Es necesario recordar de nuevo el ejemplo de las autopistas?. Una vez más el truco de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Por supuesto impensable recuperar llegados a este punto el control público de la gestión, dado que las abusivas indemnizaciones pactadas en caso de cancelación de la concesión lo hacen inviables.

  Si le sorprende la similitud de este proceso con el que se está llevando a cabo en otros sectores también de primera necesidad como la sanidad y que el PSOE se afana en denunciar junto a las plataformas ciudadanas en defensa de lo público (mientras que lo sigue defendiendo en el Congreso) seguramente debería mirar dos cosas. Por un lado su nivel de ingenuidad, absolutamente preocupante a estas alturas. Por otro, el nombre de la prestigiosa consultora que ha ofrecido tan ingeniosa y "novedosa" solución a nuestro alcalde para sanear las arcas municipales. Ésta consultora, a la que el ayuntamiento ha pagado 21.000 euros por las 71 páginas de su informe, no es otra que Pricewaterhousecooper. La misma en cuya plantilla estaba nuestro actual Ministro de Economía Luis de Guindos tras la caída de Lehamn Brothers, o el Ex-Presidente mallorquín Jaume Matas hasta su procesamiento por corrupción, o, por cambiar de color político, el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. La misma consultora que se encargó de la fusión de Bancaja y Caja Madrid en la simpar Bankia. La misma que está detrás de la eterna compra de Ribera Salud por Capio. La misma que está detrás del desmembramiento y privatización del Sistema Català de Salut, a través del paso intermedio de creación de "empresas públicas acogidas a gestión privada". O la misma, no se vaya a sorprender a estas alturas, que está detrás de todo el proceso de privatización de buena parte de los hospitales y centros de salud del SESCAM de la mano de Cospedal y su Consejero Echániz.
 
  Así que, mientras ponemos el foco de la presión ciudadana en la defensa de la gestión pública del agua (y esperemos que esto no sea demasiado tarde), en la próxima manifestación en defensa de lo público que se cruce con algún dirigente del PSOE o incluso con nuestro propio alcalde, aproveche para preguntarle sobre la confianza que deberíamos darle a los consejos y los informes técnicos de la consultora Pricewaterhousecooper. Porque resulta extraño que cuando asesora al PP ofrezca propuestas totalmente rechazables mientras que si la factura la paga un gobierno socialista ofrece alternativas ingeniosas y válidas. Esas curiosas cosas de la "política" que los ciudadanos de a pie no llegamos a comprender.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL. SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS

EL JUEVES 3 DE MAYO A LAS 20H EN CUATRO CAMINOS MÁS DE CINCUANTA PERSONAS NOS CONCENTRAMOS CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL, EN SOLIDARIDAD CON LOS AGREDIDOS POR LA POLICÍA Y PARA SEGUIR EXIGIENDO LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA GENTE DETENIDA EN LA HUELGA GENERAL DEL 29M.

 

El día 25 de de abril de 2012, en una concentración pacífica convocada de forma espontánea por la absolución de los huelguistas encarcelados en Barcelona el pasado 29 de marzo, cuando los y las manifestantes se encontraban en Cuatro Caminos, un autobús de la línea 6 con matrícula 3039FPM sobre las 21:15 ha intentado atropellar a las personas que estaban allí. 

La policía, presente durante todo momento, no ha evitado el atropello, es más, después de facilitar el tránsito del autobús, sin identificación alguna, ha cargado brutalmente sobre las personas que se encontraban allí, incluso golpeando a sus propios compañeros que iban de paisano.

 Transeúntes que se encontraban en la calle en ese momento, han intentado explicar lo ocurrido a los agentes, intentando vitar los golpes que estaban propinando haciendo caso omiso. 

Hay cinco manifestantes agredidas con su correspondiente parte de lesiones por los golpes de los policias implicados en este suceso. Una vez más, la represión policial ha hecho acto de presencia en una manifestación pacífica. Actos como estos que parecen lejanos en Valencia, Madrid y muchos otros lugares hora los vemos en nuestra ciudad, ya no son desconocidas a los que agreden, ahora son las mismas personas que comparten acera contigo. 

Este tipo de agresiones no pueden quedar impunes.

SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS

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