"TENGO LA TRIPA CON UN CORAZÓN LLENO DE HAMBRE"

“TENGO LA TRIPA CON UN CORAZÓN LLENO DE HAMBRE”

En medio de tanta despreocupación, falta de interés por lo que no defiende sus intereses, de las indiferencias de estómagos llenos y bolsos de 6.000 euros, de prestar más tiempo a su wasap que a las cifras de empobrecimiento en nuestra tierra, sin respeto al ser humano y al bien común...

En medio de su falta de escucha, su mirar a otro lado cuando se plantean medidas urgentes para no recortar lo ya saqueado, de mantener la imagen delante de las organizaciones sociales presentes y reconocer el compromiso,de la falta de vergüenza.

En medio de tanto reproche de lo que no hiciste y tú más, de estar más centrados en su Y-Pad que en el dolor de miles de personas que no tienen garantizadas las condiciones básicas de vida, pasilleando sus acuerdos empresariales y las unanimidades para la RIC, el Ref , mientras la población en general hace plof...

No fueron capaces de estar a la altura de las circunstancias.

En medio de tanta hipocresía, en un archipiélago donde 4.000 personas siguen acumulando el 80% de la riqueza, mientras sigue la mayoría de la gente en Canarias, más de 812 mil personas bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con toda la gente de su hogar en paro; recibiendo con retrasos de más de 10 meses la prestación canaria de inserción, que alcanza a menos de una de cada 100 personas que tendrían derecho a ello; siendo desahuciadas de sus casas o ya viviendo en la calle o en condiciones nefastas mientras hay casas vacías; estando 12.808 personas en nuestra tierra que teniendo reconocido el derecho a la atención de la ley de promoción de autonomía y atención a personas dependientes no reciben la prestación; con una dedicación ridícula de 120 euros por habitante y año para servicio sociales en los presupuestos del Gobierno de Canarias en el 2013, con recortes de 157 millones en los últimos cuatro años en las partidas de Servicios sociales, con más de 150.000 niños y niñas canarias en situación de empobrecimiento...

Dolor, sufrimiento, explotación, desigualdad, discriminación, hambre, desesperación...

No fueron capaces de estar a la bajura de las circunstancias.

Como me dijo Jennifer, una niña hace unos 20 años, “tengo la tripa con un corazón lleno de hambre”; así me siento después de la sesión plenaria del Parlamento Canario del 27 de Febrero de 2013, en la que no se aprobó ninguna medida concreta para la lucha contra las situaciones de pobreza y exclusión social.

A pesar de tanto oscuro, no nos van a robar ni un gramo de esperanza, de que esta situación hay que seguir luchando para transformarla.

Con tripa, con corazón y llenas de hambre... de Justicia.

 

Koldobi Velasco Vázquez

(Redesscan)

HAGAMOS FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca quiere manifestar que el pasado jueves, 31 de Enero, varias personas, en concreto siete, han sido identificadas por la policía nacional frente a la sede del PP de Cuenca por ejercer su derecho a la libertad de expresión ante los nuevos y gravísimos casos de corrupción dentro del seno del Partido Popular que están evidenciando estos días los medios de comunicación. Este caso de corrupción salpica a los dirigentes de este partido a nivel nacional, incluyendo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la secretaria general del PP y presidenta de CLM, María Dolores de Cospedal, entre otras personas de gran relevancia en el panorama político nacional. Incluso varios miembros del partido, como Pío García Escudero, presidente del senado, han reconocido públicamente como verídicas sus datos personales reflejados en el libro de contabilidad de Bárcenas, ex-tesorero del PP e imputado en casos de corrupción, por lo que todo apunta a que estas cuentas, que suponen, por su relevancia, un escándalo sin precedentes en el estado, son ciertas. Debe pensar esto también la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto una investigación.

Por la gravedad de estos hechos, el jueves y con carácter espontáneo, tras hacerse público en distintos medios de comunicación los nombres de los dirigentes del PP que están involucrados en el “caso Bárcenas”, las cantidades que supuestamente percibían y las empresas que facilitaban este dinero, en multitud de ciudades y municipios la gente se concentró frente a las respectivas sedes del PP para manifestar su indignación. Cuenca no fue menos, y varias personas acudieron a ejercer su libre derecho a la libertad de expresión, en una concentración absolutamente pacífica, que ni si quiera alteró el tráfico de vehículos, pues no se invadió en momento alguno la calzada. Cerca de las 8 de la tarde, cuando estaban hablando tranquilamente 7 adultos y dos menores, frente a la sede del PP, aparecieron 8 policías nacionales para proceder a la identificación, en un despliegue de medios asombroso para tratar con 9 personas que ni alteraban el tráfico, ni estaban chillando consignas… simplemente hablaban como hace cualquier persona por la calle. 

Durante la identificación la policía no paró de repetir que cumplía las órdenes dictadas por la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, cuyo máximo responsable es Ángel Mariscal, precisamente del PP. Parece, dado el carácter espontáneo y pacífico de la concentración, y la nula perturbación que supuso para peatones y vehículos, que el subdelegado puede estar dedicándose a perseguir y reprimir, mandando a la policía, a las personas que quieren manifestar públicamente su indignación contra la corrupción que asola a su partido. Parece que Ángel Mariscal está intentando acallar las voces que denuncian las nefastas prácticas que se llevan a cabo en el seno de su partido. Por lo tanto, desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca exigimos su inmediato cese, y que públicamente diga si es cierta la versión policial consistente en que la Subdelegación del Gobierno en Cuenca ordenó proceder a la identificación de las personas que estaban, pacíficamente y sin causar perjuicio alguno, concentradas, frente a la sede de su partido, denunciando la corrupción mientras se nos dice que no hay dinero para sanidad, servicios sociales y educación.

Además de eso la Plataforma quiere evidenciar las malas prácticas policiales que están reprimiendo, de una forma que recuerda a la dictadura de casi 40 años que padecimos, a la gente que alza la voz para protestar en todo el estado. No es excusa alguna que se está cumpliendo una orden. Una persona que se supone capacitada sabe diferenciar lo que está bien o mal. Parece que la policía está mucho más preocupada por perseguir a las personas que denuncian la corrupción, los desahucios, el negocio que están haciendo con los servicios públicos, etc. que de perseguir a los corruptos, a los evasores fiscales y, en definitiva, a los ladrones de guante blanco. Por eso, ya no sorprende que el pasado jueves se desplazaran hasta 8 policías para tratar con 7 personas adultas que en ningún caso mostraron agresividad alguna, o por ejemplo, hace pocos días se desplazaran más de 10 “lecheras antidisturbios” para tratar con 20 personas encerradas en la EMV de Madrid por el desahucio de 4 familias, mientras que no vemos a la policía en las inmediaciones de los poderosos ladrones de guante blanco sino es para protegerlos y escoltarlos.

 

LA PENSIÓN ES UN DERECHO SOCIAL, CGT

LA PENSIÓN ES UN DERECHO SOCIAL

“El Sistema Público de Pensiones, la nueva pieza a cobrar por los mercados y los políticos”

Nuestro Sistema Público de Pensiones se basa en tres principios: De reparto, que significa que con las cotizaciones de un año se pagan las pensiones de ese año. De solidaridad, es decir, que todxs contribuimos y todxs somos beneficiarios.  De equidad, lo que significa la redistribución de la riqueza social, tratando desigualmente a los desiguales para alcanzar ciertas cotas de justicia social.

¿QUIEN DEBE A QUIÉN?

ZAMBRA Y CGT CUENCA EXIGEN LA INMEDIATA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS SOCIALES, DENUNCIAN SU INSUFICIENCIA Y DEMANDAN EL DERECHO A LA RENTA BÁSCIA

 

EXIGIMOS A LA JUNTA DE CALAMIDADES DE CASTILLA LA MANCHA LA INMEDIATA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL Y DEL INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD, EXIGIMOS LA RENTA BÁSICA Y MUCHÍSIMO MÁS, UN VERDADERO CAMBIO DE MODELO SOCIAL Y POLÍTICO.

El año 2013 ha comenzado y en  Castilla La Mancha son muchas las personas con bajos salarios, desempleadas con prestaciones escasas o sin ellas y sus familias las que  vuelven a quedar a merced de que la Junta de Calamidades de Castilla La Mancha publique el decreto anual que regula las Ayudas de Emergencia Social y el Ingreso Mínimo de Solidaridad, para poder sobrevivir.

Las ayudas de emergencia social, se definen como prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y / o emergencia social, para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades alimenticias, de salud y vestido, gastos de equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual que impidan el desahucio y corte de suministros básicos.

El ingreso mínimo de solidaridad, se trata de una ayuda periódica, de carácter económico y de duración temporal, destinada a familias que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas de la vida.

Tenemos que recordar que en 2012, en un acto de vileza más, - al que nos tiene acostumbradas el gobierno de la Junta-, este decreto no se publicó hasta el mes de Junio y no se admitió a trámite ninguna solicitud con anterioridad a esta fecha, con lo que la Junta premeditadamente contribuyó a agravar la precaria situación de las personas y familias que más están pagando las consecuencias de esta estafa que llaman crisis, en esta región.

Estas ayudas sociales con las que juega la Junta, que de por sí son de miseria y en el mayor de los casos no ofrecen más que la posibilidad de sobrevivir, sumadas a la escasez del Plan Prepara y la reforma de la prestación por desempleo, persiguen deliberadamente infligir dolor y condenar a la población más desfavorecida a vivir de la caridad mientras consiguen infundir el miedo en el conjunto de la población, para que acepte sin más la bajada de salarios, la pérdida de derechos laborales y sociales y el expolio de todo lo público por parte de los grandes capitales. 

 En nuestra opinión, estas prestaciones sociales al igual que las pensiones no contributivas  deben ser refundidas en una prestación social única que sea reconocida a todas las personas como el derecho a la  Renta Básica, es decir, que reconozcan a toda persona por el mero hecho de serlo, el derecho a percibir de forma incondicional, un ingreso suficiente -igual al umbral de la pobreza-, para poder cubrir sus necesidades básicas materiales. No podemos seguir dependiendo de una economía orientada a la especulación, al lucro y al despilfarro de recursos humanos y naturales en post del mantenimiento de los privilegios de las élites que nos gobiernan la vida, ni podemos seguir esperando la creación de un empleo que ni la patronal ni el Estado están dispuesto a crear. Por otra parte, con estos recursos las gentes de abajo seremos lo suficientemente capaces de reconstruir una economía basada en la cooperación y el apoyo mutuo, orientada al bienestar y más acorde con nuestro entorno natural.

Con esto invitamos a toda la sociedad, a los diferentes colectivos y organizaciones sociales y sindicales de la región, a las gentes desempleadas y precarias, a  que hagan suyas estas reivindicaciones y lleven la protesta de los que menos tienen a la calle, por un verdadero cambio social que nos permita salir de este modelo de sociedad injusto, cruel y fracasado, incapaz de aportar una vida digna al conjunto de las personas que componemos esta sociedad.

 

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca denuncia la privatización del agua

Manifiesto por una gestión directa del agua en Cuenca 

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca considera el agua potable de la ciudad un servicio público de primera necesidad y como tal se opone con contundencia a los planes de privatización de su gestión por parte del Ayuntamiento de Cuenca. 

La Plataforma advierte que la estrategia planificada por la asesora Pricewaterhousecooper (la misma que está detrás de la privatización del SESCAM) de crear una empresa publica acogida a gestión privada supone un burdo engaño a  la ciudadanía. Nos oponemos a que una empresa pública acogida a gestión privada se haga cargo de la gestión integral del agua para que sea ésta la que se endeude mediante créditos bancarios con el aval de las tasas futuras y con este préstamo permita al Ayuntamiento cancelar su endeudamiento mediante un adelanto del canon. La perversidad de contabilizar como endeudamiento público el realizado directamente por la administración y no hacerlo con el llevado a cabo por empresas públicas acogidas a gestión privada, aun cuando los intereses y los deudores sean los mismos, supone un mero fraude contable cuya única finalidad es facilitar la posterior enajenación completa de la gestión del agua a manos de empresas privadas cuyos beneficios se basarán en un incremento abusivo de las tasas por consumo a los vecinos y un abandono de la inversión en infraestructuras y mantenimiento con el consiguiente deterioro de la calidad del agua. 

Por ello la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca exige al Ayuntamiento de Cuenca y a su alcalde, Juan Ávila, que cumpla con sus compromisos electorales y de marcha atrás en sus intenciones de ceder la gestión integral de agua de Cuenca a una empresa pública acogida a gestión privada, así como el fin de la empresa pública SIM (Servicio de Infraestructuras Municipales) y el retorno de los servicios municipales cedidos a ella a la gestión directa municipal con el  control ciudadano e institucional que supone el derecho administrativo. 

 

2D NO ES UN CRISIS ES UNA ESTAFA

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca convoca una manifestación para el día 2 de diciembre a las 12 h. que saldrá de la calle Las Torres para llegar a Plaza de España. 

  Esta convocatoria fue acordada el pasado 27 de octubre en la asamblea regional de plataformas en defensa de lo público que se celebró en Cuenca dentro de la II Jornada por lo público. Es por ello que otros pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha como Toledo, Talavera, San Clemente, Tarazona de la Mancha o Villarrobledo celebrarán manifestaciones o concentraciones el mismo día a la misma hora. La manifestación celebrada con gran éxito en Tomelloso el pasado 25 de noviembre también se enmarca en el mismo “espíritu”, aunque la plataforma tomellosera ya había organizado la acción para ese día antes de la asamblea regional del 27 de octubre. 

  Castilla-La Mancha es una de las regiones más castigada por los recortes en derechos sociales y por el afán privatizador de sus gobernantes. Consideramos que entre las causas de esta especial crudeza con la que sufrimos los castellano-manchegos el expolio social que otros llaman “crisis”, se encuentra el hecho de que los movimientos sociales que luchamos en la región contra tales medidas estamos actuando de manera dispersa y aislados los unos de los otros. 

  Es positivo que nuestro trabajo se dirija hacia la forma en que los recortes afectan a nuestro entorno más próximo, porque eso permite tener una perspectiva del problema muy cercana a las consecuencias cotidianas de las decisiones políticas. 

  Pero también es necesario que articulemos modos de coordinación que nos permitan sumar esfuerzos. Hemos de alcanzar una mayor capacidad de influir en ese centro de decisiones que es el gobierno regional. Necesitamos amplificar nuestras voces locales en un grito regional. Nos es preciso conocer cómo están afectando los recortes en los diferentes puntos de Castilla-La Mancha y cómo estamos reaccionando los ciudadanos de las diferentes comarcas y provincias. Se trata de entender que esta lucha no es un lucha entre nosotros, sino en defensa de lo público en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la región. Tenemos, en fin, que desenmascarar esta farsa de normalidad y resignación con la que quieren ocultar un saqueo intolerable de nuestros derechos sociales. 

  Las manifestaciones y concentraciones del día 2 de diciembre quieren ser un primer paso en esa tarea. La coordinación y la lucha conjunta en Castilla-La Mancha están por construir, están incluso por definir. Pero va a ser inevitable que nos unamos para defender lo público en nuestra región: 

 

Para exigir la derogación de todas las leyes que supongan recortes, gestión privada, mixta o la privatización directa de los servicios públicos y sociales. 

Para demandar que se garantice el derecho a la educación pública y gratuita de calidad. 

Para luchar por conservar y ampliar el sistema público sanitario.

Para defender los servicios sociales públicos y a los colectivos con más necesidades. 

Para apoyar a los servicios públicos en la zona rural.

Para exigir un transporte público barato y de calidad. 

Para proteger el medio ambiente como espacio común de vida. 

Para denunciar los recortes en bibliotecas y casas de cultura.

Para lograr que se vuelvan a abrir los centros de la mujer y las casas de acogida cerrados.

 

Noticia publicada por CUENCA ALTERNATIVA disponible en www.cuencaalternativa.net

 

ATTAC CASTILLA LA MANCHA DENUNCIA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN CUENCA

 

LUNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2012


La privatización de la gestión del agua. El caso de Cuenca

 
Joseandrés Guijarro - ATTAC Castilla - la Mancha
 
  En los últimos años la excusa de la crisis, provocada por el propio sistema financiero y su lógica neoliberal, está permitiendo que los propios responsables de dicha crisis estén expoliando a los ciudadanos de unos derechos tan básicos como son los servicios públicos. Y, con ser los más graves, no son solo sanidad, educación y servicios sociales los únicos bienes públicos, de todos, de la ciudadanía, los que están sufriendo una voladura controlada por parte del capital. Otro de los más relevantes, aunque tenga menor repercusión mediática, es la privatización del agua. Un bien público y colectivo de primera necesidad que está sufriendo el mismo saqueo que el resto. 
 



  El afán de hacerse con el control de un recurso tan escaso y necesario no es nuevo. A comienzos de siglo (y de milenio), grandes multinacionales se ufanaban de ello: “en esta década vamos a hacer con el agua lo que hicimos con las telecomunicaciones en la década de los noventa: conseguir la desregulación total”. En América Latina las medidas de austeridad impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consiguieron la privatización de casi todos sus recursos públicos y el colapso de sus economías para mayor beneficio de las empresas multinacionales que manejaban los hilos de los gobiernos nacionales, ya pusieron sus ojos en la gestión del agua. Los procesos de privatización del agua y sus graves consecuencias provocaron numerosos levantamientos populares, de los que el más conocido es el llamado como la Guera del agua de Cochabamba en Bolivia.

 
  El saqueo de los recursos nacionales que sufrió Latinoamérica en los noventa ha llegado en los últimos años a Europa. Especialmente a los países periféricos del sur, y, como no podía ser de otra manera, el control del agua está entre los objetivos de la insaciable avaricia de las multinacionales y el poder financiero. En nuestro país ha tenido cierta contestación social y trascendencia en los medios el intento de privatización del canal de Isabel II en Madrid, pero la estrategia se extiende de forma menos ruidosa por todo el país. Los beneficiarios son los de siempre, entidades financieras y grandes constructoras, esos parásitos de las arcas públicas que arruinaron el país con obras tan faraónicas como inútiles durante el boom de la construcción. Los responsable también los de siempre, tanto el PP como el PSOE (o CiU en cataluña), cuyas posiciones a favor o en contra de las privatizaciones dependen sólo de que estén en el gobierno o en la oposición.

  Hace unos días la Generalitat de Cataluña ha adjudicado la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat a la constructora Acciona, que consigue así introducirse en el rentable y seguro negocio del agua hasta ahora monopolizado por FCC y Agbar. En áreas metropolitanas más pequeñas el negocio es menor pero la contestación social también lo es y el saqueo lleva tiempo extendiéndose por toda la geografía nacional (afectando ya a más del 50% del agua) a manos de numerosas empresas controladas en un 90% por FCC o Agbar.
 
  Las nefastas consecuencias para las arcas úblicas a medio y largo plazo, para el bolsillo de los vecinos y para la calidad del servicio y del agua en sí misma no es un augurio aventurado. En Latinoamérica las fuertes prtestas ciudadanas, como la de Cochabamba, consiguieron revertir el proceso privatizador en umerosos países. Uruguay incluso reformó su Carta magna para declarar inconstitucional la privatización del agua (una reforma constitucional tan distinta de la que PSOE y PP pactaron hace un año). Recientemente Italia votó en referendum su oposición a los planes de privatización del agua. En España son numerosos los informes técnicos indeopendientes que advierten de las consecuencias sobre los precios y la calidad del servicio en los lugares que ya han externalizado la gestión del agua. Sin embargo el gran negocio que supone para los gigantes de la construcción en plena crisis del ladrillo hace que el avance de la privatización parezca imparable.
 
 
  En Castilla-la Mancha cuatro de las capitales así como numerosos municipios de la comunidad tienen ya sus aguas públicas en manos de Aquagest, propiedad de Agbar, como el caso de Albacete o Ciudad Real, de Acqualia (FCC) o de Sacyr Vallehermoso, la adjudicataria de la privatización del agua de Toledo o Guadalajara.
 
  La última ciudad que ha decidido sumarse a la marea privatizadora de la gestión del agua es la de Cuenca. Después de oponerse frontalmente al intento privatizador del anterior alcalde del PP, de encabezar una “plataforma ciudadana” contra dicha privatización en 2009 y de comprometerse públicamente en marzo del año pasado a no privatizar el servicio municipal de aguas en caso de obtener la alcaldía, el ahora alcalde, esta vez del PSOE, retoma aquella fórmula para "sanear las arcas municipales". Llama curiosamente la atención el único argumento empleado por el alcalde socialista: "la situación que tenemos es fruto de la deuda dejada por el anterior gobierno del PP y si no hacemos nada tendremos que cerrar el Ayuntamiento". Cambien la palabra Ayuntamiento, por Comunidad o País y cambien de orden las siglas PP y PSOE y busquen las diferencias. Efectivamente el mismo y único argumento usado ya con tal desparpajo que difícilmente oculta la estrategia común que hay detrás de ambos partidos.

  El consistorio socialista insiste en que la cesión a una "empresa pública" no es una privatización porque la titularidad sigue siendo pública, como si las ya más de dos décadas de privatización de los servicios públicos en España, de la mano tanto del PP como del PSOE, permitiesen seguir engañándonos con simples juegos de palabras. Como si las burda falacia del PP de que la "colaboración público-privada", el PFI o el PPP no son privatizaciones de nuestra sanidad pública porque la titularidad detrás de esas concesiones administrativas así como su financiación sigan siendo públicas. Una mentira que el PSOE parece reconocer muy bien cuando piensa que su denuncia desde la oposición le puede suponer un rédito electoral pero que le cuesta sobremanera identificar cuando está en el gobierno.
 
  Una diferencia importante del caso del agua respecto de otros servicios públicos como la educación o la sanidad es la vía de financiación. Por eso es importante insistir y recalcar que los servicios públicos no son gratis, ni los unos ni los otros. Unos se pagan por vía de impuestos, lo cual, si existiese una verdadera progresividad fiscal en nuestro país, un menor tolerancia con el fraude, con los paraísos fiscales, con el trato de favor a los más adinerados (SICAV, impuesto de patrimonio o de transmisiones, etc.), sería una verdadera herramienta de vertebración y solidaridad social donde paga más quien más tiene y gasta más quien más lo necesita. En los otros paga directamente, en parte o en su totalidad, el consumidor final de esos servicios públicos mediante unas tasas, lo cual lo hace por naturaleza insolidario pues paga lo mismo cada ciudadano independientemente de su poder adquisitivo. La diferencia la vemos claramente en las carreteras. El primer modelo corresponde a las autovías. El segundo a las autopistas.
 

  La elección de un modelo u otro tiene una clara connotación política siendo muy distinta la visión desde un planteamiento conservador o de derechas y uno progresista o de izquierda (que no desde el PP y el PSOE que suelen compartir siempre la misma visión). El caso más sangrante suele ser el de la financiación mixta o copago, ese que se va extendiendo cada vez más por servicios básicos como la sanidad, porque supone que entre todos pagamos con nuestros impuestos unos servicios que sólo aquellas personas con un mayor poder adquisitivo pueden permitirse. En nuestra ciudad es muy fácil de ejemplificar ésto con el AVE, cuyo precio de billete cubre sólo un porcentaje mínimo del coste total. El resto lo pagamos todos, también el que tiene que viajar en Auto-Res porque no puede permitirse el billete del AVE.
 
  La financiación cubierta completamente por el consumidor final también resulta especialmente insolidaria en casos de bienes o servicios de primera necesidad como es el caso del agua corriente, precisamente por esa falta de progresividad. Pero en cualquier caso, en el supuesto de aceptar tal modelo insolidario de financiación en servicios básicos y de primera necesidad como el agua, los ingresos de las tasas municipales deberían ir destinadas íntegramente a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras que aseguren al ayuntamiento el proporcionar dicho servicio con la cantidad y la calidad adecuadas a todos los vecinos. Nunca exceder dicho coste para mediante esas tasas poder cubrir los gastos y las deudas creadas en las arcas municipales por otras partidas.
 

  Pero incluso aunque el consistorio optase por esa reprobable opción de sanear las arcas municipales subiendo el impuesto no progresivo de un bien básico y de primera necesidad, le bastaría con subir las tasas municipales y recaudar más por el consumo de agua potable. Entonces ¿donde está el truco?. Si todo el dinero va a salir del bolsillo de los vecinos y todo ese dinero va a acabar en las arcas municipales ¿cual es el beneficio de ceder la gestión a una "empresa pública"?. Las respuestas no son complicadas y es importante entenderlas porque es la estrategia que subyace a toda la política neoliberal que PP y PSOE están llevando a cabo en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestras vidas desde hace décadas con nuestro pleno consentimiento.
 
  Como en otras ciudades, el dinero fácil que entraba en el ayuntamiento gracias al boom del ladrillo se cortó de pronto. Dinero que entraba gracias a la sumisión de los intereses ciudadanos frente a los de especuladores y constructoras tomando decisiones urbanísticas que sólo beneficiaban a éstos (ubicación de la estación del AVE, de la estación del tren convencional, del hospital,...) y que permitía embarcarse en obras absurdas como la remodelación de la Plaza Mayor, el Ars Natura, el Bosque de Acero, etc, etc. El resultado, una deuda inasumible que supone la deuda de 10 millones de euros para el próximo año. Una deuda que amenaza el pago a funcionarios, mantenimiento de infraestructuras básicas, pago a proveedores,...
 
  La genial solución de nuestro alcalde: crear una "empresa pública" que se encargue del cobro de las tasas municipales del agua y que sea ella la que pida un préstamo a los bancos con el aval de esos futuros cobros y adelante 25 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de canon de explotación. ¿Fácil de entender?. No. Desde luego. Si el aval es el mismo en un caso y el otro y los intereses de financiación son los mismos en un caso y en otro ¿cual es la ventaja de que ahora la endeudada con los bancos sea una "empresa pública" y no el Ayuntamiento?. Desde luego la ocurrencia no es del alcalde, es una perversa estrategia ideada por el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial en los años ochenta, plasmada en el Tratado de Maastritch por Felipe González, impuesta a traición en nuestra "inviolable" Constitución por Zapatero y ratificada entre el gobierno de Rajoy y las corporaciones municipales en el plan de pago a proveedores. El burdo truco, como explica literalmente el Tratado de Maastritch de 1992, es el siguiente: "No se considerará endeudamiento público el contraido por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con dinero público, o por servicios contraidos por el sistema público con empresas privadas". A partir de ahí basta con marcar a fuego en los tratados anteriores un techo de déficit y de endeudamiento público para que en la práctica suponga para las administraciones públicas la obligación de privatizar todos sus servicios públicos y que las empresas privadas puedan hacer negocio y enriquecerse con ellos.
 
Y en esa estrategia la figura de las "empresas públicas acogidas a gestión privada" juegan un único papel, hacer de escalón intermedio, de colchón que amortigüe el rechazo social que supone la privatización directa de los servicios públicos. Y así se ha utilizado desde entonces en todos los servicios públicos privatizados tanto por uno como por otro gobierno.

  Una presión social que, por su experiencia en Latinoamérica, las grandes corporaciones multinacionales saben que es capaz de frenar enormes negocios a costa del agua y otros bienes y servicios de dominio público, pero que se ve frenada en gran medida cuando en la gestión "pública" se han introducido previamente todos los males de la gestión privada. Éste es el objetivo de la otra gran diferencia entre una gestión completamente pública y la de una "empresa pública acogida a gestión privada", la sustitución del derecho administrativo por el derecho laboral, mucho más laxo en sus requisitos de transparencia y control. Se abre así el camino a las contrataciones a dedo de amigos, parientes y ex-cargos del partido, a las asignaciones arbitrarias de sueldos, las tomas de decisiones opacas sin control institucional, las contratas y subcontratas sin los correspondientes requisitos de la contratación pública, la evasión de recursos a manos privadas, el deterioro y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, el empeoramiento del servicio, y todo de escándalos e irregularidades que, sin ir más lejos, han acompañado a la Empresa Pública de Servicios (EMPUSER) y a su heredero Servicio de Infraestructuras Municipales (SIM), que sería precisamente, tras un nuevo cambio de nombre y lavado de cara, el encargado de la gestión de la nueva empresa mercantil "Aguas de Cuenca". No es por casualidad que los tan numerosos casos de corrupción que salpican por toda la geografía nacional al PP, al PSOE e incluso a la Casa Real, estén relacionados con Fundaciones Públicas y con Empresas Públicas acogidas a gestión privada.Quien verdaderamente está detrás de este tipo de maniobras sabe muy bien lo fácil que resulta una vez conseguido el desprestigio social y el balance económico negativo vender a la opinión pública su privatización completa. Ya sea mediante la licitación directa o con el paso intermedio de la empresa pública, lo que hasta el momento era un quebadero de cabeza para el Consistorio por la dificultad de mantener un servicio óptimo sin una constante subida de tasas pasa a ser de pronto un jugoso y atractivo negocio con beneficios millonarios. ¿Por una supuesta mayor eficiencia en la gestión de la empresa privada? Por supuesto que no. Poca trayectoria tiene este argumento en una ciudad donde hemos visto a qué ha llevado la gestión privada mediante concesión de dos infraestructuras municipales tan importantes como, por poner solo dos ejemplos, los multicines o el cámping de Jábaga. Los beneficios, siempre presentes, para los gestores vienen ineludiblemente de las irregularidades en autocontrataciones a empresas propias, del deterioro continuo de la calidad del servicio por ausencia de las inversiones necesarias y del aumento abusivo de las tasas. Los perjudicados, por supuesto, los ciudadanos que pagarán cada vez más por un servicio cada vez peor. Porque curiosamente en la gestión privada de los servicios públicos no se cumple el axioma básico de los que creen en las bondades del sistema de libre mercado por el que la propia competencia, a modo de selección natural de tipo darwinista, se encarga de quebrar las empresas con peor gestión y hacer prosperar las más eficientes. Aquí no hay competencia posible. Los vecinos no pueden elegir el agua que sale por el grifo de su hogar. Pero tampoco existe el riesgo de que una mala gestión lleve al cierre de la actividad. Dada la condición de servicio básico de primera necesidad al Ayuntamiento no le queda otra opción en caso de mala gestión que negociar la baja del canon o percibido o la subida de tasas, cuando una indemnización por lucro cesante. ¿Es necesario recordar de nuevo el ejemplo de las autopistas?. Una vez más el truco de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Por supuesto impensable recuperar llegados a este punto el control público de la gestión, dado que las abusivas indemnizaciones pactadas en caso de cancelación de la concesión lo hacen inviables.

  Si le sorprende la similitud de este proceso con el que se está llevando a cabo en otros sectores también de primera necesidad como la sanidad y que el PSOE se afana en denunciar junto a las plataformas ciudadanas en defensa de lo público (mientras que lo sigue defendiendo en el Congreso) seguramente debería mirar dos cosas. Por un lado su nivel de ingenuidad, absolutamente preocupante a estas alturas. Por otro, el nombre de la prestigiosa consultora que ha ofrecido tan ingeniosa y "novedosa" solución a nuestro alcalde para sanear las arcas municipales. Ésta consultora, a la que el ayuntamiento ha pagado 21.000 euros por las 71 páginas de su informe, no es otra que Pricewaterhousecooper. La misma en cuya plantilla estaba nuestro actual Ministro de Economía Luis de Guindos tras la caída de Lehamn Brothers, o el Ex-Presidente mallorquín Jaume Matas hasta su procesamiento por corrupción, o, por cambiar de color político, el ex-Ministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. La misma consultora que se encargó de la fusión de Bancaja y Caja Madrid en la simpar Bankia. La misma que está detrás de la eterna compra de Ribera Salud por Capio. La misma que está detrás del desmembramiento y privatización del Sistema Català de Salut, a través del paso intermedio de creación de "empresas públicas acogidas a gestión privada". O la misma, no se vaya a sorprender a estas alturas, que está detrás de todo el proceso de privatización de buena parte de los hospitales y centros de salud del SESCAM de la mano de Cospedal y su Consejero Echániz.
 
  Así que, mientras ponemos el foco de la presión ciudadana en la defensa de la gestión pública del agua (y esperemos que esto no sea demasiado tarde), en la próxima manifestación en defensa de lo público que se cruce con algún dirigente del PSOE o incluso con nuestro propio alcalde, aproveche para preguntarle sobre la confianza que deberíamos darle a los consejos y los informes técnicos de la consultora Pricewaterhousecooper. Porque resulta extraño que cuando asesora al PP ofrezca propuestas totalmente rechazables mientras que si la factura la paga un gobierno socialista ofrece alternativas ingeniosas y válidas. Esas curiosas cosas de la "política" que los ciudadanos de a pie no llegamos a comprender.

Páginas

Suscribirse a Punto de información y denuncia de derechos sociales RSS